El registrador Hernán Penagos finalmente se pronunció este martes sobre el decreto que le envió el presidente Gustavo Petro para llamar a las urnas el próximo 7 de agosto y votar la consulta popular. Su respuesta no fue ni un sí ni un no, y optó por dejar la decisión en manos de las altas cortes, señalando que se trata de “un problema jurídico sin precedentes” que podría impactar en la institucionalidad del país.
Desde la sede de la Registraduría, señaló: “El registrador no es juez ni tiene por qué resolver una controversia jurídica”.
Y ahondó: “La pregunta es si se cumplieron o no los requisitos para convocar a una consulta popular de acuerdo con la Constitución y es evidente que ante una controversia jurídica entre el Legislativo y el Ejecutivo de tal magnitud y que no tiene precedentes, lo correcto es dejar que las altas cortes decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta”.
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Penagos agregó que la Registraduría es un ente neutral y que no pretende generar divisiones, sino cohesión: “No solo está en juego sino el principio democrático y si se quiere la democracia”.
Así las cosas, solicitará conceptos a la sala de consulta del Consejo de Estado para determinar si se ha cumplido la Constitución y esta se enviará a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría para que den “luces” de si se puede o no continuar.
“Es muy importante que alguna de estas cortes tome decisiones que nos permitan saber hacia dónde conducirnos, insisto, no solamente para la convocatoria a una consulta, sino para evitar una ruptura institucional en el país”, indicó Penagos.
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Desde la semana pasada se esperaba una respuesta del registrador y fueron varios los políticos que incluso se desplazaron hasta la sede de la Registraduría en Bogotá para preguntar qué iba a pasar con el decreto que firmó el Gobierno el pasado 11 de junio.
La mayor duda era si la entidad finalmente iba a llamar a elecciones, pese a las dudas que rodean la determinación del presidente, así como la votación de la consulta en el Senado, donde se hundió la iniciativa con 49 votos contra 47.
Se conoció que Penagos estuvo reunido con varios juristas y asesores con el objetivo de buscar la mejor salida para que no se avivaran los choques con el Gobierno ni se pusiera en duda la legitimidad de las elecciones.
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Desde antes de que el decreto de la Casa de Nariño llegara a las manos de Penagos, el bloque opositor le envió al menos siete peticiones para que no aceptara la consulta y aplicara la figura de “excepción de inconstitucionalidad”.
Los opositores, entre los que se encuentran el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y los directores del Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal y de la U, señalaron que la consulta sí se dio correctamente en el Senado y que apoyar la tesis del Gobierno podría violar la Constitución e incluso significar un enorme gasto de recursos por la logística que implica asistir a las urnas.
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Minutos después del anuncio del registrador, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció desde el salón de apoyo del Senado.
“Yo creería que él no está acatando el decreto, el decreto es para convocar, él es un operador logístico por así decirlo, él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el gobierno, creo que se está equivocando gravemente en eso”, dijo el jefe de la cartera política.
Igualmente, Penagos señaló que la fecha que propone el Gobierno para ir a las urnas, que es el 7 de agosto, es realmente apretada para una correcta logística y preparación en todo el país, pues la entidad requiere al menos tres meses. “El tiempo es precario y no se puede llevar a la Registraduría a cometer errores. Además, en este momento no se tienen los recursos”, dijo. El registrador ha estimado que la convocatoria a las urnas tendría un costo aproximado de 700 mil millones de pesos.
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