El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció este martes que optó por trasladar el caso de la consulta popular convocada vía decreto por el presidente Gustavo Petro a las altas cortes, antes de hacer un llamado a las urnas. Argumentó que se trata de “un problema jurídico sin precedentes” que debe ser resuelto por instancias judiciales y no por su despacho.
La decisión generó reacciones inmediatas en la arena política nacional. Desde el Gobierno y sectores afines, se criticó la postura del registrador. El ministro de Educación, Daniel Rojas, escribió en su cuenta de X: “Se equivoca. El registrador sí tiene un superior y es el pueblo. En democracia al pueblo se le obedece”.
Por su parte, desde el Congreso, el representante del Pacto Histórico Alejandro Toro acusó a Penagos de estar incurriendo en una falta grave: “El registrador Penagos estaría prevaricando”, afirmó.
“Lamentablemente el poder sigue residiendo en grupos minoritarios que controlan, a través del poder económico, los poderes estatales”, agregó.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó duramente la decisión de Penagos: “Él no está acatando el decreto, el decreto es para convocar. Él es un operador logístico, no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el Gobierno”, dijo desde el Congreso.
Desde la oposición y algunos sectores independientes, en cambio, respaldaron la decisión del registrador. Andrés Forero, del Centro Democrático, le respondió directamente a Benedetti: “El desprecio del gobierno de Gustavo Petro por las instituciones parece no tener límite. Tras desconocer olímpicamente al Senado y retar a las cortes, el cuestionado ministro del Interior gradúa al registrador de ‘operador logístico’”.
Catherine Juvinao, representante de la Alianza Verde, aseguró que Penagos actuó conforme a la ley: “Tal como lo advertimos: el registrador Hernán Penagos, acogiéndose a la Constitución y sus procedimientos, ha decidido esperar a que las Altas Cortes decidan. El autoritarismo no pasará. La democracia y las instituciones se respetan”.
La representante Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, también respaldó al registrador: “El registrador es prudente. Pudiendo aplicar la cuestionable tesis de Petro-Montealegre para negar la consulta, prefiere actuar en coherencia con lo que le digan las Altas Cortes”, escribió en X.
La decisión de Penagos abre un nuevo capítulo en la controversia institucional sobre la consulta popular impulsada por el Gobierno, y deja la última palabra en manos del Consejo de Estado y demás entidades competentes. “Es evidente que ante una controversia jurídica entre el Legislativo y el Ejecutivo de tal magnitud y que no tiene precedentes, lo correcto es dejar que las altas cortes decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta”, sostuvo el registrador.
Penagos añadió que el proceso podría comprometer principios fundamentales de la democracia y anunció que solicitará conceptos al Consejo de Estado, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General para determinar si se ha cumplido la Constitución y definir los pasos a seguir.
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